Las exigencias profesionales en la actualidad llevan a conocer conceptos que comienzan a ser utilizados por todos los profesionistas para proteger su patrimonio y el de las empresas, por ello, creemos que los Derechos Humanos, así como la objetividad que da el conocimiento científico pueden ayudar a analizar una figura o institución de creación federal como la extinción de dominio, la confrontamos con la ciencia jurídica que incluye Derechos Humanos y la aplicación de un método y teoría de creación mexicana. La presente obra tiene la intención de demostrar que la extinción de dominio no es una figura que respete los derechos de las personas y que se utiliza de manera arbitraria para sancionar a quienes posiblemente no han cometido un hecho ilícito, por ello, se muestran paso por paso, los argumentos de defensa en contra de esta figura, analizada desde la perspectiva de los Derechos Humanos y el Método de argumentación jurídica para verificar la verdad y la teoría de sistematicidad de principios. El lector obtendrá las herramientas jurídicas necesarias para determinar que con la aplicación de los principios del Derecho Penal del Enemigo en Estados no democráticos y en otras materias distintas de la penal de excepción, se violan los Derechos Humanos. Sin embargo, este Derecho Penal del Enemigo sólo podría ser aplicable en un Estado democrático, pues en una dictadura se podría convertir en el arma estatal para eliminar enemigos políticos mediante el discurso e ideología. El Estado mexicano adoptó principios de Derecho Penal del Enemigo sin establecer una democracia normativa, lo que ha traído como consecuencia la implementación de sus principios en el Derecho Penal garantista, así como entre otras instituciones, la Ley Nacional de Extinción Dominio (LNED) que busca preconstituir pruebas a través de hechos delictivos que aún no se judicializan y que restringen los Derechos Humanos bajo el discurso de que son de sujetos peligrosos, por lo que se adelanta su punibilidad.